Las aseguradoras consiguen privilegios que hasta ahora estaban limitados a la administración pública

Y además los usan mal. Todo viene a raíz de la famosa ley 35/2015 o nuevo baremo para lesionados en accidentes de tráfico. Uno de los puntos que se actualizó con la nueva ley y que ya hemos comentado en otros artículos, es el plazo de 90 días otorgado a las aseguradoras para responder a cualquier reclamación. Es un plazo muy amplio que causa retrasos e inconvenientes a los lesionados, sobre todo porque las aseguradoras se están tomando ese “plazo máximo” (que no hay ninguna necesidad de agotar) como “No ponerse en contacto con el lesionado hasta pasados esos 90 días”. Y por supuesto ese no era el espíritu de la ley.

Lesionado OM

Pero es que además, para que este plazo empiece a correr, es necesario que el lesionado plantee una reclamación formal y por escrito ante la compañía encargada de indemnizarle, lo que se conoce como una solicitud de oferta motivada. Si no lo hace, la aseguradora no tiene porque hacerle una oferta (a pesar de que es su obligación como responsable civil). Una vez recibida la reclamación la aseguradora podrá negarse a hacer dicha oferta (por cualquiera de los motivos que alegan habitualmente) u ofrecer la cantidad que ellos consideren oportuna.

Pero es que esta obligación que tiene el lesionado de reclamar lo que por derecho le corresponde, hasta este momento era un privilegio reservado para las administraciones públicas. Esta restricción parece comprensible si tenemos en cuenta que la actividad de las administraciones constituye una función pública que financiamos todos los ciudadanos y cuyos recursos hay que gestionar de la forma más eficiente posible.

Sin embargo, la razón de ser de una aseguradora, que es además una empresa privada, es asegurar riesgos y hacerse cargo de las indemnizaciones previstas en sus pólizas y la legislación vigente. Por eso resulta increíble que sea el propio lesionado y perjudicado, el que tenga que hacer una reclamación simplemente para que la aseguradora cumpla con su obligación. ¿Por qué se le otorga ese privilegio a las aseguradoras? ¿Por qué a ellas y no a otros sectores privados?

Además, las compañías están retorciendo todo lo posible esta norma para dificultar aún más el cobro de las indemnizaciones mediante diferentes argucias:

  • No responden a las reiteradas solicitudes de oferta motivada, agotando y superando en muchos casos el plazo de los 90 días establecido por la ley. Es decir, dan la callada por respuesta.
  • Las ofertas motivadas que trasladan a los lesionados no vienen correctamente justificadas (tal como obliga la ley 35/2015.)
  • Interpretan la normativa de la “mutua colaboración” entre lesionado y aseguradora como una imposición para que las lesiones y la indemnización de la víctima se decidan únicamente por los informes de sus propios médicos valoradores (cuya objetividad queda en entredicho desde el momento en que es la aseguradora quien les paga el sueldo).
Básicamente las compañías están utilizando esta herramienta de la oferta motivada para tratar de obstaculizar el efectivo cumplimiento de su deber, lo que va claramente en contra de los derechos de las víctimas.

Todo esto es lo que vivimos día a día en Eurosiniestro y estamos acostumbrados a gestionarlo. Pero ¿cómo se puede pretender que un lesionado se maneje adecuadamente por esta legislación sin el asesoramiento de un profesional? Parece una tarea casi imposible.

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