La Fiscalia General del Estado cuestiona duramente el Nuevo Baremo

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En este contexto nos referimos al nuevo Baremo remitido por el Gobierno al Congreso como proyecto de ley hace unos días. Dábamos cuenta en la Memoria del año pasado de la finalización de la tarea jurídica de la Comisión de Reforma del Baremo aludiendo a la relevante colaboración de la Fiscal Adscrita. Aludimos como límite para una futura tramitación legal, entonces no planteada, a que el total de indemnizaciones que de hecho reciban las víctimas no fuera inferior al actual. La tarea prelegislativa quedó detenida hasta que en el mes de noviembre la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones recabó al Fiscal de Sala informe final sobre la eventual tramitación parlamentaria. Fue remitido y expuesto ante la Junta Consultiva del Seguro, órgano que informa las iniciativas legislativas del Ministerio de Economía, el 12-12-2104. En él manifestamos que las nuevas normas carecían de una Memoria de impacto económico con un mínimo de rigor metodológico. Todo se reducía a informes, sin el suficiente fundamento bajo nuestro punto de vista, de una empresa subcontratada por el Consorcio de Compensación de Seguros. Tampoco había justificación alguna del nuevo y relevante Baremo Médico a más de las explicaciones que en la Junta dio un experto médico que trabaja al servicio de las compañías de seguros. Menos aún existían datos o informes acerca del impacto social para analizar las consecuencias en los núcleos familiares afectados por la crisis de las nuevas normas.

En el dictamen emitido y desde el respeto a la iniciativa parlamentaria que corresponde al Gobierno propusimos la subsanación de las deficiencias con la emisión de informes por razones no de desconfianza sino de garantía y contraste que deben emitir empresas ajenas al sector asegurador. También y dada la enorme complejidad de las nuevas normas con remisiones a cálculos y reglas actuariales, propusimos la previsión simultánea de normas tuitivas como las apuntadas para la debida protección de los derechos de las víctimas, sobre todo de las más vulnerables económicamente. Las solicitudes formuladas por el MF no obtuvieron respuesta. Como decimos, a la fecha de redacción de esta Memoria el Gobierno acaba de presentar a las Cortes el Proyecto ley sin solicitar informes al Consejo de Estado, CGPJ y Consejo Fiscal. En la Exposición de Motivos no se incluyen las razones de urgencia que lo justifican. En la Memoria de Análisis de Impacto normativo se reiteran los datos sin adición de nuevos informes o justificaciones. En los momentos en que se redacta esta Memoria, el Proyecto se tramita con gran rapidez de plazos en el Congreso.

Con absoluto respeto a la tarea parlamentaria, hemos de manifestar que en este momento, desde nuestro conocimiento y colaboración desde hace 3 años en la Comisión prelegislativa de Reforma, no se cuenta con una Memoria de impacto con garantías metodológicas. Los riesgos son que las víctimas de accidentes reciban en su conjunto menos cuantías indemnizatorias que las actuales, en particular por la restrictiva hipótesis normativa sobre traumatismos cervicales que es el concepto indemnizatorio de mayor entidad. La determinación no puede hacerse con supuestos de laboratorio en base a las nuevas normas sino desde la realidad de las negociaciones que se entablarán a partir de la entrada en vigor de la Ley. En las Jornadas de Fiscales Delegados del año pasado se aludió a la necesidad de elaborar un difícil programa informático para uso de los Fiscales. Si es así para el MF, para los perjudicados económicamente vulnerables que no gocen de la asesoría de bufetes especializados la situación puede ser de absoluta indefensión con la consiguiente pérdida para las víctimas y ganancia para las compañías aseguradoras. La necesidad de protocolos, previsiones tuitivas y de especialización de todos los operadores jurídicos exigen que si pese a la carencia de Memoria de Impacto, la nueva ley se aprueba lo ha de ser con una vacatio legis de al menos 2 años.

Fuente: TEXTO EXTRAIDO DE LA MEMORIA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

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