El Constitucional declara ilegales las tasas judiciales, pero no obliga a su devolución.

El 29 de julio por fin se hizo pública la sentencia del tribunal constitucional que declaraba ilegales las tasas judiciales impuestas por el ex-ministro Gallardón. Gallardón impuso contra todo el sistema judicial (Jueces, letrados, procuradores y ciudadanos) un “Impuesto Revolucionario” por el que para toda reclamación civil por importe superior a 2.000€ había que pagar 150€ + 0,10% sobre la cantidad reclamada, y si la cantidad reclamada superaba los 6.000€, 300€ +0,10%.

Male Judge Striking The Gavel On Euro Note

El pago de estas cuotas para poder presentar prácticamente cualquier demanda o recurrir sentencias restringía el acceso libre a la Justicia. Sobre todo para aquellas personas con menos recursos, ya que las cantidades a pagar no se calculaban en función de los ingresos.

En su día la instauración de las tasas fue una decisión más que polémica y la enorme presión social consiguió que el gobierno y el nuevo ministro de Justicia (Sr. Catalá) rectificaran, retirando esta barrera para el acceso a la Justicia. A pesar de ello sí que se mantuvieron las tasas  a las personas jurídicas.

Pero ¿qué pasa con las tasas que se cobraron durante este periodo de tiempo? Nada, no pasa nada. A pesar de ser declaradas inconstitucionales, el gobierno no tendrá que devolver el importe que pagaron a los afectados.

Es más, el Tribunal no cierra la puerta a que haya unas tasas de acceso a la justicia, pero aporta unas directrices para que sean mucho más bajas y estén en consonancia con los ingresos de cada individuo.

Pero además del dinero perdido por todos aquellos que tuvieron que pagar unas tasas ilegales para poder acudir a un juzgado ¿Alguien se ha planteado que ocurrirá con toda esa gente que no pudo hacer frente al pago de esas tasas y por tanto no pudo acudir a la justicia? ¿Tendrán ocasión de hacerlo ahora que vuelve a ser gratuita para todo el mundo? Pues no. Quién perdió la ocasión de reclamar judicialmente por una ley que ahora se ha demostrado que es inconstitucional no obtendrá ningún tipo de compensación o resarcimiento.

Visto lo visto, la decisión del Tribunal Constitucional llega tarde e incompleta. En España tenemos un sistema judicial tan saturado y ralentizado que incluso los mecanismos encargados de evitar que se promulguen leyes inconstitucionales tardan años en emprender acciones. Y para cuando lo hacen, ni siquiera son tan contundentes como deberían. 

Con todo esto ha quedado claro que cuando la Justicia es tan lenta, se vuelve injusta.

Deja un comentario

Suscríbete a nuestra Newsletter
No volver a mostrar